En junio de este año, la Comunidad de Madrid publicaba la Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. En ella se regulaba (o salvaba) a los VTcs. Pero, según varias organizaciones de taxistas y los partidos políticos que han impulsado este recurso, la ley de Ayuso es inconstitucional.
Varias asociaciones de Taxistas han inpulsado un recurso de inconstitucionalidad a la modificación de dicha ley por invasión de competencias municipales y por discriminación en contra del taxi. La modificación realizada por Ayuso, habilita a las vtcs que tengan autorización VTC estatal domiciliada en la Comunidad de Madrid, para realizar servicios urbanos en todos los pueblos de la comunidad, invadiendo así competencias municipales, ya que son los municipios los que deben otorgar licencias de taxi y autorizaciones VTC después de estudiar y valorar las necesidades de transporte en su municipio.
La Comunidad de Madrid crea una nueva Autorización VTC Autonómica y en lugar de sacarla a concurso público, exige como requisito indispensable para optar a ella, ser poseedor de una autorización VTC Estatal, lo que en la práctica significa que todas esas nuevas autorizaciones ya tienen nombre y apellidos y son otorgadas a dedo.
Sin embargo, las autorizaciones deben otorgarse en virtud de procedimientos competitivos, para salvaguardar el principio de igualdad. Aunque también se admite el sorteo como forma de adjudicación (artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio) por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales).
Los partidos que han firmado el recurso han sido la totalidad del grupo de Unidas Podemos (con 33 diputados) y diputados de ERC, Junts per Catalunya, Bildu, Más País, la CUP y Compromís.
