El próximo 30 de septiembre termina la prórroga del decreto Ábalos, que permitió al sector de las VTC continuar cuatro años más. La falta de regulación en la mayoría de CCAA aboca al fin de su actividad en pocos días
El Gobierno y las comunidades autónomas ya tienen encima de la mesa un nuevo conflicto sobre ruedas. Después de la huelga de transportistas de marzo, el sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que opera a través de plataformas como Uber, Cabify o Bolt, ya amenaza con movilizaciones y protestas, por lo que entienden puede ser el fin de la actividad de unas 9.000 licencias, lo que supone una pérdida en el territorio nacional de casi 40.000 empleos directos e indirectos, señalan a El Confidencial fuentes al tanto de la problemática.
El último recurso que también se baraja en el ámbito del sector, si no consiguen una salida satisfactoria a este problema, es acudir a los tribunales con la premisa de que limitar la actividad de la VTC puede ser una regulación contraria al tratado fundacional de la Unión Europea, que aboga por la libertad de empresa y la libre competencia. Si no hay solución en 20 días, las demandas están garantizadas.
Una cincuentena de conductores (según Europapress), convocados por el Sindicato Libre de Transporte (SLT), marcharon este pasado mes fe Julio en Barcelona contra el decreto ley de la Generalitat para regular los servicios urbanos a partir del 1 de octubre.
La marcha reclamaba la derogación de la norma, que debe pasar por el Parlament este miércoles, y ha reunido a una cincuentena de personas que se suman a los vehículos.
Los coches exhibieron carteles en los que aseguran que el decreto ley afecta a la capacidad de decisión de la ciudadanía: “Si nos echan, tú también pierdes”.
