El jueves 2 de Junio, la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, aprovó la nueva ley de Transporte de la Comunidad de Madrid que permitiría seguir operando a las VTCs en octubre de este año tras cumplirse la moratoria del conocido decreto Ábalos.
Los Taxistas consideran que esta ley se ha hecho acorde a las grandes corporaciones como Uber o Cabify. Concretamente dicen que es “un traje hecho a medida para las grandes corporaciones de VTC que están en manos de 3 empresas, solo 3” (Uber, Cabify y Bolt).
Con este cambio se crea una nueva autorización para la actividad de arrendamiento de coches con conductor y se modifica el nombre del capítulo III de la Ley que pasa a denominarse Transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor. Hemos puesto en negrita el “se crea una nueva autorización” por es clave para lo que vamos a explicar.
La Comunidad de Madrid crea una nueva Autorización VTC Autonómica y en lugar de sacarla a concurso público, exige como requisito indispensable para optar a ella, ser poseedor de una autorización VTC Estatal, lo que en la práctica significa que todas esas nuevas autorizaciones ya tienen nombre y apellidos y son otorgadas a dedo.
Las autorizaciones son aquellos actos administrativos que permiten a una persona el ejercicio de un derecho o facultad que le corresponde, previa valoración de la legalidad de tal ejercicio en relación con el interés específico que el sujeto autorizante debe tutelar.
¿Qué clases existen?
Las autorizaciones se suelen clasificar entre regladas y discrecionales, según el margen de discrecionalidad de la administración; simples y operativas, según la conducta sea aislada o continuada.
Atención:
Las autorizaciones deben otorgarse en virtud de procedimientos competitivos, para salvaguardar el principio de igualdad. Aunque también se admite el sorteo como forma de adjudicación (artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio) por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales).
Es debido a esto que varias asociaciones de Taxistas se encuentran preparando demandas contra la Comunidad de Madrid que acabarían tumbando dicha ley además de cuantiosas indemnizaciones patrimoniales para los Taxistas propietarios. Una característica genérica de la autorización administrativa es que se otorgan “sin perjuicio de tercero” para garantizar la neutralidad de la intervención administrativa en la esfera subjetiva del titular sometida a derecho privado.
La Jurisprudencia utiliza, inicialmente, un concepto de autorización que se ajusta a la noción clásica de acto administrativo que permite a una persona el ejercicio de un derecho o facultad que le corresponde, previa valoración de la legalidad de tal ejercicio en relación con el interés específico que el sujeto autorizante debe tutelar. Y desde este punto de vista tradicional, la autorización administrativa, en cuanto acto de control preventivo y de carácter meramente declarativo que no transfiere facultades sino que remueve límites a su ejercicio, ha de ser otorgada o denegada por la Administración con observancia de la más estricta legalidad.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Parece ser que mañana se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra “el decreto de Ayuso”. Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados y cincuenta Senadores. Los órganos ejecutivos y legislativos de las Comunidades Autónomas están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones y actos del Estado con fuerza de ley que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía.
Todo indica que los taxistas han logrado convencer al número de diputados exigido para presentar dicho recurso y que van a firmar en Madrid incluso Junts per Catalunya después de que la semana pasada el presidente de Asociación Plataforma Caracol, Nacho Castillo “Peseto Loco”, se reuniera en Bruselas con Carles Puigdemont.
