La denuncia de Abascal por la crisis migratoria de Ceuta acaba archivada sin que el alto tribunal encuentre indicios suficientes para abrir una causa penal contra el presidente del Gobierno.
El Tribunal Supremo ha puesto fin, al menos por ahora, a la ofensiva judicial de Vox contra Pedro Sánchez por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta durante el pasado mes de julio. La Sala de lo Penal ha archivado la querella presentada por el partido de Santiago Abascal al considerar que no existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento penal contra el presidente del Gobierno y varios de sus ministros.
Y aquí está lo verdaderamente significativo: la querella ni siquiera ha conseguido superar el filtro inicial necesario para abrir una investigación penal contra los denunciados.
Vox había presentado graves acusaciones contra miembros del Ejecutivo, pero una cosa es lanzar acusaciones públicamente y otra muy distinta aportar indicios concretos que permitan sostenerlas ante un tribunal.
El Supremo ha dejado claro que no basta con señalar a responsables políticos por ocupar determinados cargos institucionales. Es necesario identificar qué hizo cada uno, qué decisiones adoptó y qué posible responsabilidad penal puede atribuírsele.
Y eso es precisamente lo que la querella no ha conseguido acreditar.
La resolución abre así un debate sobre la utilización de los tribunales como instrumento de propaganda política. Porque presentar una querella contra el presidente del Gobierno garantiza titulares, declaraciones públicas y una considerable repercusión mediática, incluso cuando después resulta archivada por falta de indicios.
Desde esta perspectiva, la iniciativa de Vox puede interpretarse como una operación de escenificación política: proyectar ante sus seguidores la imagen de una formación que combate judicialmente al Gobierno, aunque las acusaciones no hayan reunido los elementos necesarios para que el Supremo abra una causa.
Mucho ruido mediático, graves acusaciones y, finalmente, ninguna investigación penal abierta contra Sánchez por esta querella.
Eso no significa que los sucesos de Ceuta hayan dejado de investigarse. La Audiencia Nacional mantiene sus actuaciones y el propio Supremo contempla que, si aparecen indicios objetivos contra algún aforado, pueda volver a examinarse su posible responsabilidad.
Pero lo que sí ha quedado acreditado es que la querella presentada por Vox no ha conseguido justificar la apertura de un procedimiento penal contra el presidente.
La pregunta es inevitable: ¿se pretendía realmente obtener una resolución judicial o bastaba con conseguir el titular de que Abascal había llevado a Pedro Sánchez ante el Supremo?
Por el momento, el resultado es inequívoco: la querella ha sido archivada y las acusaciones formuladas no han sido suficientes para abrir una causa penal contra los miembros del Gobierno.
