La anciana falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, quince días después de ser expulsada de la casa en la que había vivido durante 71 años. Su muerte ha provocado una oleada de indignación y convierte su historia en uno de los símbolos más estremecedores de la crisis de vivienda en España.
Maricarmen Abascal ha muerto. Tenía 87 años y llevaba quince días hospitalizada desde que, el pasado 23 de septiembre, fue desahuciada de la vivienda madrileña en la que había pasado prácticamente toda su vida.
La imagen de aquella mujer siendo evacuada en camilla de su propio hogar dio la vuelta al país. Lo que comenzó como el drama particular de una anciana terminó convirtiéndose en una movilización social de alcance nacional que ha colocado el problema de la vivienda en el centro del debate político.
Maricarmen no llegó a regresar a su casa. Y esa es, posiblemente, una de las circunstancias más dolorosas de esta historia.
Una vida entera en una casa que terminó perdiendo
Maricarmen residía desde hacía 71 años en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en Madrid. El contrato de alquiler original había sido firmado por su padre en 1956 y posteriormente fue objeto de sucesivas subrogaciones familiares.
En 2018, una empresa inmobiliaria adquirió el inmueble y comenzó una disputa judicial sobre la continuidad del arrendamiento.
Después de varios intentos de desahucio, el 23 de septiembre de 2026 se ejecutó finalmente su expulsión.
La anciana fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento el miércoles 7 de octubre.
Su caso despertó una indignación extraordinaria, no solamente por su edad, sino por lo que representaba: una persona que había construido toda su vida alrededor de un hogar y que, en sus últimos años, se veía obligada a abandonarlo.
De una camilla a una protesta nacional
El desahucio de Maricarmen fue el detonante de una movilización que trascendió rápidamente su situación particular.
Miles de personas comenzaron a concentrarse en la Puerta del Sol de Madrid, donde se estableció una acampada permanente para reclamar medidas efectivas frente a los desahucios, los precios abusivos del alquiler y la especulación inmobiliaria.
Porque el problema nunca fue exclusivamente Maricarmen.
Su historia puso rostro a una realidad que afecta a millones de ciudadanos: trabajadores que, pese a tener empleo, no pueden pagar una vivienda; jóvenes que no consiguen emanciparse y familias que destinan buena parte de sus ingresos a conservar un techo.
La movilización también tuvo consecuencias políticas. El Gobierno impulsó dos decretos relacionados con la protección de la vivienda que terminaron siendo rechazados por el Congreso, en medio de una crisis política que desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas.
El acuerdo que llegó demasiado tarde
El 28 de septiembre se alcanzó un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar a su vivienda.
Sin embargo, su estado de salud impidió que llegara a materializarse su regreso.
La mujer que había luchado durante años por permanecer en su hogar murió sin volver a cruzar su puerta.
Aunque las circunstancias de su fallecimiento deben abordarse con rigor y no permiten atribuir automáticamente una responsabilidad penal a quienes intervinieron en el desahucio, resulta imposible ignorar la secuencia de acontecimientos que precedieron a su muerte.
Su historia plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto puede considerarse suficiente una respuesta institucional que llega cuando el daño ya es irreversible?
Dolor, rabia y velas en la Puerta del Sol
La noticia de su fallecimiento cayó como un jarro de agua fría entre los participantes en la acampada.
Durante la noche del miércoles, cientos de personas guardaron silencio en su memoria y posteriormente marcharon hacia el Congreso de los Diputados.
Las velas, las flores y los mensajes de homenaje comenzaron a multiplicarse tanto en la Puerta del Sol como frente al edificio donde había vivido.
Entre los manifestantes se escucharon consignas como «Maricarmen se va, pero la lucha sigue», una frase que resume el sentimiento de quienes consideran que su muerte no puede convertirse simplemente en otra noticia destinada al olvido.
La movilización continúa y ya se ha convocado una huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre.
Una muerte que obliga a mirar más allá de Maricarmen
El caso de Maricarmen ha demostrado que detrás de las estadísticas de vivienda existen personas, historias familiares y proyectos de vida.
Su muerte no resuelve el problema que provocó las protestas. Tampoco convierte automáticamente en culpable de su fallecimiento a una administración, un tribunal o una empresa. Pero sí obliga a examinar críticamente si los mecanismos legales y las políticas públicas ofrecen una protección suficiente a quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.
La vivienda no es solamente un activo económico. También es el espacio donde las personas construyen su vida, sus recuerdos y su seguridad.
Maricarmen ha muerto sin poder regresar al lugar donde había vivido durante más de siete décadas.
Pero su historia ha conseguido algo que parecía imposible: convertir el drama de una sola persona en una reivindicación colectiva que ha sacudido la política española.
Maricarmen no pudo recuperar su hogar. Ahora queda por saber si la sociedad será capaz de transformar su historia en cambios que impidan que otras personas tengan que vivir el mismo drama.
