GIRO RELEVANTE EN LA INVESTIGACIÓN
MADRID, 13 de junio de 2025 – En un giro relevante en la investigación judicial, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Leganés, Pilar Esteban Pellicer, ha decidido suspender la citación para declarar a varios altos cargos del gobierno de Ayuso. La magistrada ha aceptado la petición de defensa para que los casos se unan bajo el Juzgado de Instrucción nº 3 de Plaza de Castilla, que ya investiga hechos similares .
Núcleo del conflicto judicial
Tras la reapertura de causas por parte de la Fiscalía Provincial y las familias afectadas, se imputaron a exdirectivos como Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, responsables de los llamados “protocolos de la vergüenza”, por un presunto delito de denegación de asistencia sanitaria discriminatoria .
En fechas recientes, la jueza de Leganés tomó declaraciones a exconsejero Alberto Reyero (quien criticó estos criterios por ser discriminatorios), al presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, y al asesor sanitario Antonio Burgueño, posponiendo la de este último al especular que debía declarar como investigado .
Motivos y alcance de la acumulación
La estrategia de agrupar las causas implica evitar duplicidad, pues se trata de protocolos comunes, aplicados en múltiples residencias durante los meses más agudos de la pandemia .
Los abogados de las plataformas ‘Marea de Residencias’ y ‘7291: Verdad y Justicia’ aplauden la medida, pues subraya que se trata de casos similares dentro de un mismo colectivo —personas mayores vulnerables—, lo que refuerza la coherencia jurídica y la capacidad de respuesta .
Implicaciones políticas y prossiguientes pasos
Ahora es el juzgado de Plaza de Castilla el que debe decidir si acepta la transferencia. En caso afirmativo, retomará las declaraciones que quedaron aplazadas, incluyendo las de Mur y Martínez Peromingo, cuyo testimonio como investigados se espera en las próximas fechas .
Este movimiento judicial llega semanas después de que la magistrada del mismo juzgado imputara por primera vez a esos antiguos cargos administrativos por firmar y activar protocolos que limitaban el acceso de ancianos a hospitales .
Contexto social y político
Las «declaraciones suspendidas» provocan que las familias mantengan expectativa pública, y mientras tanto, la presidenta Ayuso ha reiterado que los protocolos no fueron obligatorios y que la investigación responde a una «campaña política» .
El caso sigue en entredicho por la cantidad de víctimas, estimadas en 7 291, que no fueron hospitalizadas donde se sospecha pudo haber un sesgo por edad o discapacidad .
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¿Qué esperar a continuación?
Si el juzgado de Plaza de Castilla asume la causa principal, se consolidará una macroinstrucción que podría acelerar la investigación y reducir retrasos por dispersión. Todos los implicados deberán acudir a declarar en un mismo escenario judicial, lo que facilitaría una visión integral sobre el alcance de los protocolos y quién los firmó o aplicó.
La imagen pública y la coherencia del discurso
