Director General de Transportes de la Comunidad de Madrid, reconoce que debido a un cambio Legislativo de su Gobierno, las VTCs no pueden ser sancionadas encontrándose equiparadas al Taxi y expropiando con ello los derechos de los Taxistas.
En la sesión del pasado viernes 16 de Diciembre de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de Comunidad de Madrid, el Director General de Transportes realizó unas declaraciones que hicieron saltar las alarmas y que corroboran las críticas de los taxistas contra ley 5/2022 de 27 de Septiembre, que modificaba la ley de Ordenación y Coordinación de los Transporges Terrestres Urbanos de la Comunidad de Madrid, más conocida como “La ley Uber de Ayuso”. Dichas declaraciones confirman por parte del consistorio que la modificación legislativa que realizó la Comunidad de Madrid, llevaba implícita también una exención sancionatoria que en la práctica significa la equiparación total y absoluta de las VTCs al servicio público del Taxi, toda vez que estos quedan privados y expropiados de todos sus derechos en materia de transporte.
José Luis Fernández-Quejo del Pozo, Director General de Transportes de la Comunidad de Madrid
INDEMNIZACIONES MILLONARIAS A LOS TAXISTAS
Son varias las asociaciones y plataformas de Taxistas que han amenazado con demandas patrimoniales debidas a esta expropiación de derechos.
El pasado viernes la Plataforma “Defensa del Taxi” ya presentó una Reclamación Patrimonial ante el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, que es el paso previo a la demanda.
También desde el despacho de abogados del ex-juez Elpidio Silva, amenazan con demandas patrimoniales millonarias mientras se resuelve la petición de medidas cautelares contra la “ley Uber” de Ayuso. En declaraciones a este diario, Elpidio Silva comenta la hipótesis de que las sorprendentes declaraciones del Director General de Transporte, quizá respondan al propio deseo de la Comunidad de Madrid de que salgan adelante esas medidas cautelares pedidas por los Taxistas para salvar así a la CAM de las posibles indemnizaciones millonarias que deberían afrontar, pues de lo contrario no se entiende que se echen tierra a sí mismos.
Al hablar de responsabilidad patrimonial del Estado legislador nos estamos refriendo a que los daños que las leyes puedan causar en concretos ciudadanos deben ser indemnizados.
¿En qué consiste la responsabilidad patrimonial del Estado?
Las construcciones jurídicas sobre la responsabilidad patrimonial, dejando al margen las que son referentes a la responsabilidad civil (de la que se ocupa el derecho privado) que, aunque se emplee menos el concepto, también entraña una forma de responsabilidad patrimonial, se realizan en su mayor parte por referencia a una Administración Pública. Por eso se habla de responsabilidad patrimonial “administrativa”: porque se trata de predicar un principio de responsabilidad y de resarcimiento de los daños por las Administraciones Públicas.
La ley debe indemnizar los daños que produzca como que suprima o limite derechos o facultades.
Y es que, si una ley “me priva de lo que antes yo tenía”, es que esa ley tiene, en realidad, contenido expropiatorio. En consecuencia esa expropiación por ley debe ser indemnizada. Sucede que si me expropia una Administración yo tengo derecho a una serie de garantías de procedimiento, a un justiprecio y a un control judicial de todo ello.
Lo que la Comunidad de Madrid ha hecho con las VTCs, se trata de una expropiación legislativa, de una limitación por ley de los derechos legítimos de los Taxistas, que el Director de Transportes ha reconocido y que podría suponer indemnizaciones millonarias para los perjudicados.
Esto se llama prevaricar, verdad??
Por un lado, queda clara la competencia desleal de las Vtc contra el servicio de Taxi, pues, trabajo, hay para todos, pero como en todas partes, con reglas. Las Vtc por si a alguien le suena a «chino», no son otra cosa, que, lo que otrora era Gran Turismo. Empresas o particulares autónomos reconocidos en un epígrafe especial, que realizaban labores, como, llevarte a tu casa(aunque estuviera en la otra punta de España) cuando se te rompía el coche en carretera, y he dicho CARRETERA, fuera la hora odia que fuera, y cobrar del seguro, nunca de ti(aparte de la propina que quisieras darle) y/o traslados de directivos o ejecutivos del aeropuerto al hotel y luego a la empresa o viceversa, facturando a final de mes a estas y con coches de alta gama y personal debidamente uniformado.
Por otro lado, está la misión de facilitar la movilidad de los ciudadanos, a cualquier hora y día, con tal de facilitarles la vida y conseguir VOTIS.
Cierto es, que para eso hay un número de Taxis(las Vtc no lo son) capaces de cubrir esas necesidades en todo momento.
El principal problema radica en la lucha desleal de precios a cobrar y el gasto de tasas, impuestos, revisiones e ITV’s de unos y otros, aún cuando supuestamente, trabajen con una App, cosa que los taxis también hacen y un precio «cerrado» y cobrado por adelantado, lo cual tampoco es muy legal, ya que no son autobuses, metros o trenes, con un servicio esmerado de atención al cliente, uniformados con traje y hablando idiomas, cosa que al principio, a lo mejor se cumplía, hoy en el mayor de los casos No y con un permiso especial(de primera, luego BTP y experiencia en conducción, ahora no se pide nada, ni para unos, ni para otros(si la cartilla de conductor de taxi, con examen, incluido cultura general y conocimiento de la ciudad y sólo para el taxi.).
Si a eso, que creo que ya lo ha cambiado unimos la tributa ión en el extrangero(país de origen de Uber, Cabify, etc, pues es normal que se levanten ampollas y descontentos.
La última, por el precio en cesión? o traspaso? de una licencia de Taxi, te puedes comprar amenos 3 licencias de Vtc.
Lo del traspaso o cesión de una licencia Municipal, ya es otro escabroso tema, que atañe directamente al Ayuntamiento(de donde dependen los Taxis, que no es la CAM.