EUROPA protege al TAXI y prohíbe su liberalización.

Los Taxistas ya contemplan la posibilidad de demandar y pedir indemnizaciones millonarias tanto a Fomento, como a la Comunidad y  Ayuntamiento de Madrid, sin importar el color político, por la liberalización de transporte urbano a través de las VTC, expresamente prohibido por la "directiva Bolkestein"

Varios bufetes de abogados preparan ya demandas patrimoniales millonarias ante la liberalización encubierta que ha sufrido el transporte urbano de personas y que está prohibido desde Europa mediante la directiva Bolkestein. Lo que además significa que además de esas millonarias indemnizaciones, tanto Partido Popular como VOX, que hicieron públicas sus intenciones de liberalizar el sector del taxi (tanto a nivel estatal como más recientemente Isabel Díaz Ayuso en su programa electoral para las elecciones de la CAM), no podrían hacerlo pues dichas indemnizaciones se dispararían aún muchúsino más, de manera brutal. La directiva Bolkestein excluye de la liberalización, al transporte urbano en general y al Taxi en particular, a quienes nombra explícitamente.

DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva Bolkestein), entrando en vigor el 28 de diciembre de 2009

Varios puntos (21,60. etc) de la norma manifiestan que el TAXI queda EXCLUIDO de cualquier posible liberalizacion.

Si la administración (Comunidad y Ayuntamiento de Madrid) no protege a los taxis de su ciudad ante una clara liberalización de las concesiones (autorizaciones administrativas que son los taxis de su ciudad) y que además han de garantizar la supervivencia del sector regulado por ellos mismos (añadiendo una ilegalidad permanente probada y reiterada a sabiendas, mediante un servicio paralelo al taxi que se ha consentido habilitar en las diferentes ciudades, y en concreto en Madrid con unas 8.300 autorizaciones), y si además las empresas estatales de vtc se desenvuelven en la ciudad como Taxistas locales, incumpliendo todo tipo de leyes existentes bajo el amparo de la CAM y el ayuntamiento, es de sentido común que necesitan licencia municipal y esa premisa, en vehículos de hasta nueve plazas, solo es aplicable a los taxis. Además se deberían ajustar a la contingentación 1/30 dictaminada por el Tribunal Supremo. Pero no se les supervisa ni limita de ninguna manera al prestar el servicio de transporte, que de la manera en que lo hacen supone una ventaja colosal e ilícita en el mercado urbano de transportes, de tal forma que conduciría a la desaparición competitiva del Taxi a mano de los VTC. No cumplen la Norma comunitaria, que, al tratarse de un servicio de trasporte urbano y de interés general, preserva al Taxi frente a los efectos de la liberalización.

Se está produciendo una liberalización encubierta del sector del taxi por la administraciones madrileñas y claramente por el Gobierno español que en agosto de 2013 encuadró a las vtc en modalidad de trasportes, produciéndose un fraude de ley. La liberalización de los transportes urbanos quedan totalmente prohibidos expresamente en el punto 21 de la Directiva Europea comunitaria 2006 de diciembre “Bolkstein”

Además, la sentencia del tribunal Supremo 921/2018 a pesar de no ser ley, dicta que 1/30 se ha de cumplir.
Que el taxi es un servicio público de interés general que justifica la regulacion de servicios análogos a pesar del libre mercado y libertad de empresa.
La sentencia de la Audiencia Nacional 16/ 1/ 2020 toma parte de apoyo en la 921/2018 del TS.

Otro de los motivos por el que se contempla la posibilidad de pedir grandes indemnizaciones al sector del taxi, es el conocido como decreto Ábalos, que obliga a las VTC a únicamente poder realizar servicios interurbanos a partir de octubre de 2022. Este decreto firmado en octubre de 2018, concedía a las vtc un periodo de moratoria de 4 años (ampliable a 6 en algunos casos), en concepto de indemnización. Sin embargo en la práctica, esta indemnización está “saliendo de las costillas” de los taxistas que son quienes durante todos estos años, continúan sufriendo la competencia desleal de miles de coches que ya de por sí, ni siquiera deberían estar ahí según la directiva Bolkestein. Por ende, al haber reconocido Fomento, esa moratoria como un pago indemnizatorio, que sin embargo han “endosado” a los taxistas, que no son los responsables, también deberán de asumir las pérdidas al sector del taxi, valoradas en los 2.000 millones que en su día exigían las propias vtc como pago indemnizatorio.