La Fiscalía solicita dos años de prisión para el agitador de extrema derecha por unos hechos ocurridos en 2024. Un juzgado de Madrid ha ordenado su detención para comunicarle formalmente la apertura de juicio oral.
La Justicia ha dictado este lunes, 26 de octubre, una nueva orden de busca, detención y presentación contra Vito Quiles, en el marco del procedimiento penal abierto por la humillación pública de una mujer con discapacidad intelectual durante una manifestación en Madrid.
La resolución procede de la Plaza número 43 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid y tiene como finalidad notificarle el auto de apertura de juicio oral y entregarle el escrito de acusación de la Fiscalía.
La orden no implica su ingreso en prisión: una vez practicadas las notificaciones judiciales, deberá ser puesto en libertad inmediatamente, salvo que exista otra causa legal que lo impida.
Los hechos se remontan al 20 de marzo de 2024, durante una concentración frente a la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, convocada para protestar por la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia y exigir responsabilidades políticas a Isabel Díaz Ayuso.
Entre los manifestantes se encontraba Violeta, una mujer con una discapacidad intelectual reconocida del 75 %.
Durante la protesta, Quiles se acercó a ella y comenzó a formularle preguntas ante una cámara. Según la acusación, insistió en cuestiones que la mujer tenía dificultades para responder, aprovechando su vulnerabilidad para ridiculizarla.
La grabación terminó difundiéndose en las redes sociales del propio Quiles y del entorno de EDATV, el medio vinculado a Javier Negre, provocando numerosas reacciones y comentarios de burla dirigidos contra la mujer.
La Fiscalía considera especialmente relevante que sus dificultades resultaban perceptibles durante la conversación, circunstancia que, según su escrito, hacía evidente su situación de vulnerabilidad.
El Ministerio Público atribuye a Quiles hechos constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas, en concurso con un delito contra la integridad moral.
La acusación se fundamenta, entre otros preceptos, en el artículo 510.2.a) del Código Penal, que sanciona determinadas conductas de humillación, menosprecio o descrédito por motivos discriminatorios.
La Fiscalía solicita dos años de prisión para Vito Quiles. También dirige su acusación contra Javier Negre, para quien reclama un año y medio de cárcel por su presunta participación en los hechos.
Según la información publicada por EFE, la Fiscalía sostiene que la entrevista fue realizada cuando Violeta se había separado momentáneamente de su madre.
El vídeo difundido por Quiles alcanzó aproximadamente 3,3 millones de reproducciones en X, donde el comunicador contaba entonces con más de 300.000 seguidores.
Javier Negre también compartió las imágenes, acompañadas de un comentario despectivo sobre los votantes de Pedro Sánchez. Su publicación acumuló cerca de 375.000 visualizaciones.
Dos días después, Negre eliminó el vídeo y pidió disculpas, circunstancia que la Fiscalía contempla como posible atenuante de reparación del daño.
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita una multa de 10.800 euros para Quiles, otra de 9.000 euros para Negre y una indemnización conjunta de 8.000 euros para la afectada.
La acusación particular, ejercida por Libres y Combativas, reclama penas superiores: cuatro años y seis meses de prisión para cada acusado.
El nuevo episodio judicial llega apenas cuatro meses después de que Quiles protagonizara otra orden de busca y captura, esta vez relacionada con unas afirmaciones sobre un funcionario público y la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Aquella orden fue levantada en julio, después de que su defensa comunicara su disposición a comparecer ante el juzgado.
Además, Quiles ha estado vinculado a otros procedimientos judiciales, entre ellos una investigación por la difusión del domicilio de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia; una denuncia de Renfe por presunto uso fraudulento de billetes y otra causa por injurias y calumnias relacionada con Rubén Sánchez, secretario general de Facua.
Se trata de procedimientos diferentes, cuya existencia no equivale a una condena.
La nueva resolución judicial sitúa nuevamente a Vito Quiles ante una posible detención policial, aunque limitada a garantizar la comunicación de las actuaciones judiciales.
La causa se encuentra ya en fase de apertura de juicio oral y será la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de juzgar los hechos. Por el momento, no consta una fecha pública confirmada para la celebración del juicio.
El procedimiento plantea una cuestión que va más allá de la polémica política: los límites penales de la difusión de contenidos que, según la acusación, utilizan la discapacidad de una persona para humillarla públicamente.
Será el tribunal quien determine si la conducta de Quiles y Negre constituye los delitos que les atribuye la Fiscalía y, en su caso, las responsabilidades penales y civiles correspondientes.
