Aseguran que durante los días previos al congreso «se endurecen las medidas» para ellos, mientras que cuando llega el evento «se diluyen»
Una convocatoria de huelga de vehículos VTC en Barcelona amenaza con coincidir con la celebración del Mobile World Congress, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo y motor económico clave para la ciudad. La medida, planteada en pleno congreso internacional, supone utilizar un acontecimiento estratégico como instrumento de chantaje directo sobre la Administración.
El argumento esgrimido por parte del sector convocante gira en torno a lo que consideran una aplicación desigual de sanciones por parte de la Policía. Sin embargo, el fondo del conflicto no es otro que el cumplimiento del marco legal que regula las autorizaciones de arrendamiento con conductor.
La jurisprudencia constitucional ha sido reiterada en este punto. La sentencia 118/1996 del Tribunal Constitucional, junto con resoluciones posteriores del propio Constitucional y del Tribunal Supremo, estableció que las autorizaciones VTC tienen carácter estatal y habilitan exclusivamente para la realización de servicios supracomunitarios, es decir, aquellos que discurren entre distintas comunidades autónomas.
Los servicios íntegramente urbanos o desarrollados dentro de una misma comunidad autónoma no forman parte del ámbito natural de estas autorizaciones, salvo que constituyan un tramo fragmentario integrado en un trayecto interterritorial más amplio. Un ejemplo claro sería la recogida de pasajeros en distintos puntos de Madrid cuando el destino final del servicio se encuentra en otra comunidad, como Barcelona: ese tramo urbano quedaría absorbido dentro del servicio supracomunitario completo.
Plantear una paralización del servicio en plena celebración del Mobile World Congress implica, en la práctica, condicionar el normal desarrollo de un evento internacional para forzar una determinada interpretación o aplicación normativa. No se trata de un conflicto menor ni sectorial, sino de un pulso que podría afectar a la movilidad de miles de asistentes, delegaciones empresariales y visitantes internacionales.
El debate no es nuevo, pero el momento elegido eleva la presión al máximo nivel. Utilizar un congreso global como escenario de negociación convierte la disputa regulatoria en un elemento de impacto directo sobre la economía y la imagen exterior de Barcelona.
