Daniel Montero – Nius
A las 13 horas de este martes, 5.600 inmigrantes de los más de 8.000 que cruzaron de forma ilegal la frontera habían sido ya devueltos a Marruecos. Un 70% de los que cruzaron a nado la distancia que separa Ceuta de Marruecos, según fuentes de Interior. Y todo gracias a las llamadas devoluciones en caliente, una práctica criticada por las ONG, avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y criticada duramente por Pedro Sánchez en 2017 cuando estaba en la oposición, pese a que ahora la ha hecho servir sin miramientos.
Según la normativa europea, cada país de la UE es soberano para decidir su propia política migratoria, con tres salvedades: no puede haber expulsiones colectivas y quienes sean devueltos a sus países deben tener derecho a recurso. Además, la devolución en caliente no se puede aplicar a menores si no se contacta con sus tutores legales y se confirma la reagrupación familiar. España solo tiene obligación legal de acoger, según los tratados internacionales, a aquellas personas que soliciten asilo tras ser perseguidas por cuestiones políticas, ideológicas o que pongan en riesgo su vida en su país de origen.
Así, desde 1992 España mantiene vigente un convenio de “readmisión” de nacionales con Marruecos firmado por el Gobierno socialista de Felipe González. Pero no fue hasta diez años después cuando la práctica de las devoluciones en caliente comenzó a centrar el foco de las ONG por los problemas humanitarios y legales que generaba. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy decide legislar las devoluciones en caliente dentro de la Ley Orgánica de Libertades de los Extranjeros. No fue un acto espontáneo. Un año antes, un ciudadano de Costa de Marfil y otro de Mali denunciaron al estado español ante la UE al ser expulsados por este procedimiento tras un salto masivo en Melilla.
Aval judicial de la UE
En 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dio la razón y condenó a España por aplicar la expulsión de los denunciantes con carácter general en lugar de con procedimientos individualizados. Sin embargo, España recurrió, y en 2020 la gran sala del TEDH, compuesta por 17 jueces, consideró que la actuación era correcta y con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Mientras, en España el debate ha sido constante entre Gobierno y oposición. Tanto que tras la primera sentencia del TEDH que condenaba a España, Pedro Sánchez se mostró totalmente contrario al uso de las devoluciones en caliente. Lo expresó incluso en un comunicado público tras una petición abierta en la web Change.org que pedía la derogación de la ley. Algo que prometió Podemos de forma reiterada. Entonces ¿Qué ha pasado ahora?
Pues que en un cambio de critero evidente al de hace cuatro años, el Gobierno de coalición, con PSOE y Podemos, se ha servido de esta misma práctica para expulsar a 5.600 inmigrantes en dos días de las calles de Ceuta. Para ello, la Policía Nacional anunció turnos de trabajo de 24 horas para crear un expediente administrativo para cada uno de los expulsados, siempre que su marcha no sea voluntaria, lo que haría innecesario ese protocolo.
Sin embargo, hay un segundo tipo legal que se da estos días en Ceuta: las devoluciones en frontera. Según la normativa española, Los migrantes pueden ser repelidos sin necesidad de un procedimiento administrativo siempre que se trate de un intento fallido, repelido por las autoridades fronterizas. En tierra, la marca es sencilla: si un inmigrante consigue pasar la valla interna que separa Ceuta de Marruecos, está ya en suelo español y su consideración jurídica es distinta. Sin embargo ¿Qué pasa en el agua?
Pues según el Protocolo de Actuación Fronterizo, la línea de frontera la marca entonces la línea imaginaria formada por los efectivos de la Guardia Civil. Por eso, muchos de los inmigrantes han sido devueltos estos días por la misma puerta de la verja entre los dos países tras ser rescatados por los agentes del Instituto Armado sin ser identificados ni filiados, al considerar que se trataba de un “rechazo en frontera” en lugar de una expulsión en caliente.
